viernes, 29 de enero de 2016

ACUAMED. la mala gestión de lo público

Los últimos gobiernos de PSOE y PP, en su afán privatizador y externalizador del sector público, dejaron en manos de la Sociedad Mercantil, Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (ACUAMED), actuaciones de interés general en materia de aguas, tales como la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas en gran parte de las cuencas hidrográficas del estado. En el consejo de administración de ACUAMED nombraron a altos cargos de la Abogacía del Estado y de los Ministerios de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Economía, Hacienda y Presidencia.
La pasada semana el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión incondicional a 5 de los 13 detenidos por la presunta trama de adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014.
Entre los detenidos están el director general de la empresa pública —nombrado en febrero de 2012 bajo el mandato de Miguel Arias Cañete— y el presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández. Aparte de los arrestados, el juez imputa a una treintena de personas, entre empleados y empleadas públicas y empresarios que recibieron contratas a dedo, troceadas o infladas, de esta firma estatal.
El contenido del auto por el que se decreta la prisión de los trece detenidos (para 8 de ellos eludible bajo fianza), relata como el Director General de ACUAMED Arcadio Mateo del Puerto no dudó en destituir o remover de su puesto a los empleados y empleadas que no se plegaban a sus irregularidades, colocando en los removidos a personas de su confianza que sí lo hacían, acatando sin discusión a las ordenes arbitrarias e irregulares recibidas, bien por miedo a sufrir las consecuencias de despido que habían visto en otros compañeros, o bien en búsqueda de otros beneficios como ascensos, prebendas y agasajos de los contratistas (alquileres de coches de lujo, estancias en hoteles de lujo, colocación de familiares en las empresas beneficiadas…).

BUITRE

Desde CGT, siempre hemos mantenido la necesidad de que lo público sea gestionado desde el sector público y hemos impulsado y participado en campañas en contra de las innumerables privatizaciones de servicios públicos que en los últimos tiempos se han venido realizando bajo el mantra neoliberal de que el sector privado gestiona mejor que el público. Sin embargo, hechos como los descritos nos vienen a dar la razón y es que no solamente, no es que funcione mejor lo público utilizando métodos de gestión privados, sino que además, propician un caldo de cultivo cuyo destino es la corrupción de sus gestores. La creación de este tipo de sociedades, cuyo objeto no es otro que el de eludir los mecanismos de control jurídico y financiero permanente que se realiza en cualquier administración pública, permite las arbitrariedades que describe en juez Velasco, para con las empleadas y empleados públicos, que para el desempeño de sus funciones tienen que gozar de estabilidad en su puesto de trabajo, como medio más garantista del cumplimiento de la legalidad.
Este Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública de Madrid de CGT, manifiesta públicamente su apoyo y solidaridad hacia quienes han sido apartados de sus puestos de trabajo por cumplir con la obligación de todo empleado público, que no puede ser otra que la de salvaguardar el interés general y así mismo solicitamos se depuren responsabilidades de aquellos otros que persiguiendo su interés particular han colaborado en la ejecución de estas prácticas.

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